Presentan proyecto de ley que faculta al Ministerio Público a iniciar de oficio investigación penal ante hechos constitutivos de delito sancionados por la Ley de Seguridad del Estado
- Iniciativa presentada por los senadores Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot, apunta a que la Fiscalía pueda iniciar indagatorias sin tener que esperar la presentación de una querella por parte del Ejecutivo y así evitar, por ejemplo, lo que ha ocurrido en torno a las declaraciones del cabecilla de la CAM, Héctor Llaitul.
Un proyecto de ley que busca facultar al Ministerio Público a iniciar de oficio una investigación penal ante hechos constitutivos de delitos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado, presentaron los senadores Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot.
La iniciativa se da en medio de la fuerte polémica que generó la negativa inicial del gobierno a querellarse en contra del cabecilla de la CAM, Héctor Llaitul, quien en diversas declaraciones de prensa ha llamado “[a] preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía por el territorio y autonomía para la nación mapuche”, en referencia a una propuesta que estaba preparando la actual administración en orden a la presencia de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur para intentar frenar la violencia terrorista que se registra en esa parte del país.
En ese contexto, los firmantes consideran necesario permitir al Ministerio Público iniciar de oficio la investigación penal de los hechos constitutivos de delitos asociados a la ley 12.927, ya que la normativa vigente impide que la Fiscalía pueda comenzar de oficio una investigación por los delitos que establece dicha ley, permitiendo hacerlo sólo por denuncia o querella del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Intendente (Delegado Presidencial Regional) o de la autoridad o persona afectada.
La propuesta apunta precisamente a modificar el artículo 26 de la Ley de Seguridad del Estado, Incorporándose en el inciso primero la frase “Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público podrá iniciar de oficio la investigación penal, cuando corresponda”.
Para la Senadora Carmen Gloria Aravena, la presentación de este proyecto “resulta fundamental para enfrentar de forma más eficiente y oportuna el combate al crimen organizado, especialmente luego de todo lo que ha ocurrido con las declaraciones públicas que ha venido realizando el cabecilla de la agrupación terrorista CAM, Héctor Llaitul, y el tiempo que demoró el gobierno en querellarse contra esta persona pese a que ha llamado abiertamente a cometer delitos graves”.
La congresista agregó “que la lucha contra la delincuencia y la erradicación de la violencia terrorista requiere de una acción oportuna y decidida de la justicia, especialmente cuando existe una amenaza evidente contra el país y sus habitantes, como es el caso de una persona que ha planteado `canalizar la violencia hacia acciones de sabotaje´ y cuya agrupación a la que pertenece, viene cometiendo múltiples crímenes, que deben ser perseguidos por el Estado. Por lo mismo, el Ministerio Público debe tener la potestad de iniciar investigaciones de oficio sin tener que esperar la acción de terceros”.
En tanto, el Senador José García Ruminot indicó que “Chile vive un contexto muy complejo relacionado con la escalada de violencia que se registra en distintas partes del país, siendo La Araucanía y la Macrozona Sur de las áreas más afectadas por este flagelo. Eso demanda un actuar eficaz de la justicia para enfrentar a las bandas criminales que hoy tienen atemorizada a la población, donde no se puede perder un minuto en hacer frente a su actuar. Aquí pasaron semanas en las que el gobierno se opuso a establecer una querella contra una persona que pertenece a una organización criminal y que sigue llamando públicamente a cometer delitos. Con este proyecto de ley, lo que se busca es dotar a la Fiscalía de facultades que permitan mejorar su trabajo en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia”.
Ambos senadores esperan que la iniciativa tenga una tramitación expedita en el Congreso, y el proyecto de ley pueda ser aprobado en el menor plazo posible, dada la urgente necesidad que existe de que el Estado mejore la seguridad pública.