Partido Social Cristiano cuestiona el poder que podrían ejercer los partidos políticos sobre los parlamentarios
A pesar de ello aseguran que confían en poder superar el umbral propuesto del 5% por su presencia en las 16 regiones del país.
En primer lugar, queremos destacar que el PSC se encuentra trabajando confiado en poder superar con éxito el umbral propuesto del 5%, dado que estamos establecidos en las 16 regiones del país y contamos con equipos sólidos en cada una de ellas y con un crecimiento exponencial. Estamos seguros de que lograremos superar el 5% en las elecciones parlamentarias de 2025 y aumentar significativamente nuestra representación en el parlamento.
Sin embargo, tenemos serias reservas y reparos con respecto al poder que los partidos políticos ejercerán sobre los parlamentarios. Consideramos que esta concentración de poder es un asunto de gran preocupación, ya que puede aumentar el riesgo de corrupción y la influencia de grupos de interés y económicos en el proceso legislativo. Es alarmante que los parlamentarios puedan sentirse coaccionados para no expresar sus opiniones debido al temor a sanciones por parte de sus partidos.
Además, observamos con preocupación que esta reforma se está llevando a cabo como un proceso constitucional de espaldas a la ciudadanía. Creemos firmemente que la participación ciudadana es esencial en cualquier proceso de reforma política. Debería haber un debate transparente e inclusivo, con la participación activa de la sociedad civil. Esta reforma constituye, de hecho, un tercer proceso constituyente limitado exclusivamente a la reforma del sistema político. Sin embargo, consideramos que la prioridad actual de Chile debería centrarse en fortalecer la seguridad y en mejorar las instituciones policiales y militares, en lugar de llevar a cabo reformas políticas que parecen desconectadas de las necesidades y prioridades reales de la ciudadanía. La élite partidista otra vez comete el error en cuanto a las prioridades de los chilenos.
En resumen, el PSC insta a que se considere cuidadosamente el equilibrio entre el fortalecimiento del sistema político y la protección de los intereses y la participación genuina de la ciudadanía en este proceso.