Diputada Karen Medina exige fiscalización por desfibriladores en colegios tras muerte de estudiante
Por su parte, desde la Fundación Una Mirada también pidieron avanzar en protocolos reales de emergencia en establecimientos educativos. Los apoderados también expresan preocupación por incumplimiento de la legislación.
La diputada Karen Medina (IND – DC) solicitó información al Ministerio de Educación respecto a la implementación de desfibriladores externos automáticos (DEA) en establecimientos escolares, tras el fallecimiento de un alumno de 17 años en el Liceo Camilo Henríquez de Temuco. La parlamentaria pidió fiscalizar el cumplimiento de la Ley N.º 21.156, que establece la obligación de contar con estos dispositivos en lugares con alta concurrencia.
“Es doloroso saber que un joven perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio en un colegio y aún no sabemos si había un DEA disponible. Lo que buscamos con este oficio es saber si se están cumpliendo los protocolos, si los colegios cuentan con estos dispositivos y si los funcionarios están capacitados para usarlos. La ley es clara y debe aplicarse con urgencia para que tragedias como esta no se repitan”, expresó la diputada Medina, representante del Biobío.
En su solicitud, la parlamentaria pidió al ministro Nicolás Cataldo informar si existía un operativo de la DEA en el recinto al momento del incidente, si se han realizado fiscalizaciones y qué porcentaje de colegios del país cumple actualmente con la normativa. También solicitó conocer las medidas de capacitación que impulsa el Mineduc para que los equipos docentes puedan actuar adecuadamente en este tipo de emergencias.
Preocupación de los apoderados
Maximiliano Castillo, apoderado y presidente del Centro de Padres y Apoderados del Liceo de Aplicación, enfatizó que “el no cumplimiento de esta ley, además de que no se fiscalice, no tan solo es un grave error, sino que además pone en riesgo vidas, ya que hasta el momento no se ha necesitado, pero eso no quita que en el futuro salve una vida”.
“Como apoderados no estamos pidiendo un favor, no es caridad lo que pedimos, solo exigimos que los beneficios ganados, que van en directo beneficio de los estudiantes y el personal de los establecimientos. Lamentablemente siempre lo público llega tarde”, agregó.
El respaldo y fortalecimiento en la prevención en los colegios
Desde su experiencia en trabajo comunitario, Pamela Pizarro insistió en que la implementación real de los desfibriladores en establecimientos educativos debe ser una prioridad para las autoridades.
“No basta con que la ley existe en el papel si no se fiscaliza ni se educa. En una emergencia, cada segundo cuenta. Los colegios deben estar preparados para salvar vidas y eso incluye equipamiento, capacitación y conciencia en toda la comunidad escolar”, afirmó.
Además, advirtió que muchas comunidades educativas desconocen la existencia de esta normativa y no cuentan con protocolos claros de acción. “Nos hemos encontrado con establecimientos que ni siquiera saben si tienen una DEA o cómo se usa. La ley está para prevenir tragedias como la de Temuco, pero sin voluntad política ni recursos, seguirá siendo letra muerta”, concluyó.