Diputada Republicana Gloria Naveillán solicitó a Boric establecer exención del pago de contribuciones en caso de ocupación ilegal y usurpación
Esto debido a la realidad que viven muchos emprendedores rurales que han sido víctimas de ocupación ilegal de tierras destinadas a producir para su propio sustento y el de los trabajadores.
La Diputada Republicana Gloria Naveillán solicitó al Presidente Gabriel Boric, que envié un proyecto con el fin de establecer la exención del pago de contribuciones a aquellas personas cuyos terrenos hayan sido tomados ilegalmente o usurpados.
Esto debido a la realidad que sufren, en particular, muchas familias emprendedoras rurales del sur del país.
En este sentido, la legisladora por el Distrito 22, explicó que “los emprendedores rurales han sido víctimas de ocupación ilegal de los predios destinados a la producción y sustento propio y de los trabajadores que colaboran con ellos. En algunos casos en forma permanente y en otros de manera intermitente o dejando amenazas que no permiten trabajar y producir, y en algunos casos impiden simplemente vivir”.
Asimismo, la parlamentaria Naveillán, explicó que respecto al pago de contribuciones “en la actualidad, la Ley N°17.235 que establece el impuesto a los bienes raíces, no contempla la ocupación ilegal como una eximente a la obligación de pago del mismo. Y es precisamente un atributo del Presidente de la República el poder tomar la iniciativa para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes”.
En el documento -firmado de manera transversal por otros 13 legisladores-, la diputada Republicana también argumentó que “la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, han golpeado fuertemente a los emprendedores rurales, principalmente tras el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, que decretó el Gobierno por el Covid-19, en todo el territorio nacional. Y la situación se ve agravada por la inseguridad y el conflicto que existe en la Región de La Araucanía y del Biobío”.
Cabe recordar que la gravedad de la situación en estas regiones llevó a la administración anterior a decretar, Estado de Excepción Constitucional por Grave Alteración del Orden Público, a raíz de los graves atentados terroristas perpetrados por antisociales encapuchados.