Más de 18 mil deudores de pensión de alimentos figuran vigentes en el registro nacional en La Araucanía

La región acumula 38.101 inscripciones desde la implementación de la Ley 21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, de las cuales 18.697 permanecen vigentes. La Seremi de Justicia y Derechos Humanos Stephanie Caminondo, destacó la importancia de esta herramienta para combatir el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Un total de 18.697 inscripciones vigentes registra La Araucanía en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, herramienta que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y evitar que miles de niños, niñas y adolescentes vean vulnerado su derecho a recibir los recursos necesarios para su desarrollo y bienestar.

De acuerdo con las cifras regionales, desde la puesta en marcha de esta Ley, se contabilizan 38.101 inscripciones, de las cuales 19.404 han sido canceladas y 18.697 se mantienen vigentes.

Los antecedentes también evidencian que el incumplimiento de las pensiones de alimentos afecta principalmente a las obligaciones de los hombres, quienes representan cerca del 95% de las inscripciones vigentes, con 17.734 registros, mientras que 899 corresponden a mujeres y 64 a la categoría de otro sexo.

En cuanto a la distribución territorial, el Juzgado de Familia de Temuco concentra la mayor cantidad de inscripciones vigentes, con 7.271, seguido por el Juzgado de Familia de Angol, con 1.673; el Juzgado de Letras de Villarrica, con 1.630; y el Juzgado de Letras de Lautaro, con 1.167.

Frente a estas cifras, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía, Stephanie Caminondo, destacó la relevancia de contar con herramientas efectivas para enfrentar el incumplimiento de las pensiones alimenticias.

“El pago de una pensión de alimentos no es una opción, es una obligación legal y, sobre todo, una responsabilidad con nuestros niños, niñas y adolescentes. Este registro permite establecer consecuencias concretas para quienes incumplen sus deberes y así avanzar hacia una mayor protección de sus derechos. Como parte del Gobierno del presidente José Antonio Kast, nuestro compromiso es que las obligaciones en materia de pensión de alimentos se cumplan y que el bienestar de los niños y niñas sea siempre una prioridad”, señaló la autoridad regional.

Una Ley para garantizar el cumplimiento

El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos permite establecer una serie de medidas para incentivar el pago de las deudas alimentarias, entre ellas, retenciones en determinadas operaciones financieras, restricciones en trámites y mecanismos de cobro asociados a devoluciones de impuestos y otras operaciones contempladas en la legislación.

Asimismo, permite que distintas instituciones públicas y privadas consulten la existencia de deudas vigentes y apliquen las medidas correspondientes, fortaleciendo las herramientas disponibles para exigir el cumplimiento de esta obligación.

La Seremi agregó que “detrás de cada pensión de alimentos impaga hay familias que deben enfrentar dificultades económicas y asumir responsabilidades que deberían ser compartidas. Por eso, es fundamental seguir fortaleciendo los mecanismos que permitan avanzar hacia una mayor corresponsabilidad parental y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan”.

El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en Chile se rige por la Ley N° 21.389 y es administrado en línea por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Se ingresa automáticamente al deudor por orden de los tribunales de familia cuando cumple alguna de estas condiciones:

• 3 cuotas consecutivas impagas de la pensión de alimentos (provisoria o definitiva).

• 5 cuotas discontinuas impagas.

Principales medidas y restricciones

Estar en este registro activa diversas sanciones económicas y cotidianas para el deudor:

• Retención de créditos: Se retiene hasta el 50% de los créditos bancarios que solicitados por un monto igual o superior a 50 UF.

• Impuestos y ventas: Retención de la devolución anual de impuestos y prohibición de inscribir la compraventa de inmuebles o vehículos si no se pagan los alimentos con las ganancias.

• Documentos: Rechazo o impedimento para obtener y renovar la licencia de conducir y el pasaporte.

• Ámbito laboral y estatal: Retención de parte de la indemnización por años de servicio al terminar el empleo, inhabilidad para contratar con el Estado o ascender en cargos públicos, y retención de remuneraciones en ciertos puestos gerenciales.

• Sanción penal: El incumplimiento reiterado que constituya violencia económica o intrafamiliar puede ser castigado con penas de presidio.