{"id":63624,"date":"2026-06-28T22:54:30","date_gmt":"2026-06-29T01:54:30","guid":{"rendered":"https:\/\/temucotelevision.cl\/web\/?p=63624"},"modified":"2026-06-28T22:54:30","modified_gmt":"2026-06-29T01:54:30","slug":"el-congreso-busca-frenar-las-acusaciones-constitucionales-en-36-anos-solo-tres-ministros-han-sido-destituidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/temucotelevision.cl\/web\/2026\/06\/28\/el-congreso-busca-frenar-las-acusaciones-constitucionales-en-36-anos-solo-tres-ministros-han-sido-destituidos\/","title":{"rendered":"El Congreso busca frenar las acusaciones constitucionales: en 36 a\u00f1os solo tres ministros han sido destituidos"},"content":{"rendered":"
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Un proyecto transversal ingresado esta semana propone duplicar las firmas, subir los qu\u00f3rums y exigir una interpelaci\u00f3n previa. La discusi\u00f3n irrumpe en medio del juicio pol\u00edtico al exministro Nicol\u00e1s Grau, que el Senado resuelve el martes, y reabre una pregunta de fondo: \u00bfse convirti\u00f3 la acusaci\u00f3n constitucional en un arma de desgaste pol\u00edtico?<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n constitucional, el mecanismo m\u00e1s dr\u00e1stico con que cuenta el Congreso para fiscalizar al poder, atraviesa su momento de mayor uso y, a la vez, de mayor cuestionamiento. Este mi\u00e9rcoles 24 de junio ingres\u00f3 a la C\u00e1mara un proyecto de reforma constitucional, firmado por diputados de todo el arco pol\u00edtico \u2014de Renovaci\u00f3n Nacional al Frente Amplio\u2014, que busca endurecer los requisitos para presentar este tipo de libelos y frenar lo que sus impulsores describen como una “progresiva normalizaci\u00f3n” del juicio pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

La iniciativa propone cuatro cambios. Eleva de 10 a 20 el n\u00famero de diputados necesarios para ingresar una acusaci\u00f3n, exige que su aprobaci\u00f3n se resuelva por la mayor\u00eda de los parlamentarios en ejercicio \u2014y no solo de los presentes en la Sala\u2014, obliga a interpelar previamente al ministro antes de acusarlo y sube el est\u00e1ndar de las causales, que deber\u00e1n ser infracciones “abiertas”, evidentes y comprobables, a la Constituci\u00f3n o las leyes.<\/p>\n\n\n\n

Entre los patrocinantes figuran Diego Schalper (RN), Jaime Mulet (FRVS), Guillermo Ram\u00edrez (UDI), Gael Yeomans (FA) y Luis Pardo (RN). El proyecto ser\u00e1 revisado por la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n de la C\u00e1mara, presidida por Mulet, quien adelant\u00f3 que har\u00e1 “todo el esfuerzo” para tramitarlo con rapidez. Seg\u00fan sus impulsores, la moci\u00f3n partir\u00eda con siete votos asegurados en la instancia, y la disposici\u00f3n del Partido Comunista a discutirla sumar\u00eda un octavo, suficiente para que llegue a la Sala con informe favorable.<\/p>\n\n\n\n

El debate no podr\u00eda ser m\u00e1s oportuno. Este martes 23 de junio, la C\u00e1mara aprob\u00f3 \u2014por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstenci\u00f3n\u2014 la acusaci\u00f3n constitucional contra el exministro de Hacienda Nicol\u00e1s Grau, por supuestas inconsistencias en las proyecciones fiscales. Es el primer libelo del nuevo gobierno del Presidente Jos\u00e9 Antonio Kast, impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.<\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n avanz\u00f3 pese a que la comisi\u00f3n revisora recomend\u00f3 rechazarla y a que el Consejo Fiscal Aut\u00f3nomo desestim\u00f3 el error de c\u00e1lculo que la sustentaba. El pr\u00f3ximo martes 30, el Senado se constituir\u00e1 como jurado para resolver su suerte, aunque los pron\u00f3sticos anticipan que la ofensiva se caer\u00e1 en la C\u00e1mara Alta.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3mo funciona hoy una acusaci\u00f3n constitucional<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n constitucional es la herramienta m\u00e1s dr\u00e1stica de fiscalizaci\u00f3n que la Constituci\u00f3n le entrega al Congreso. A trav\u00e9s de ella, la C\u00e1mara de Diputados puede hacer efectiva la responsabilidad pol\u00edtica de las m\u00e1ximas autoridades del Estado por infracciones a la Constituci\u00f3n o las leyes cometidas en el ejercicio de su cargo.<\/p>\n\n\n\n

No cualquier autoridad puede ser acusada. El mecanismo alcanza al Presidente de la Rep\u00fablica, a los ministros de Estado, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, al Contralor General, a los generales y almirantes, y a los delegados presidenciales que reemplazaron a los antiguos intendentes y gobernadores.<\/p>\n\n\n\n

El proceso parte en la C\u00e1mara. Un grupo de entre diez y veinte diputados firma el libelo acusatorio, y la corporaci\u00f3n designa una comisi\u00f3n que estudia su procedencia y emite un informe a la Sala. Antes de discutir el fondo, el acusado puede defenderse con la llamada “cuesti\u00f3n previa”: un recurso con el que alega que la acusaci\u00f3n no cumple los requisitos constitucionales para ser tramitada.<\/p>\n\n\n\n

Si la Sala acoge esa cuesti\u00f3n previa, la acusaci\u00f3n se entiende por no interpuesta y el proceso termina ah\u00ed mismo, sin que se llegue a debatir el fondo. Pero si la acusaci\u00f3n supera esa primera valla y la Sala la aprueba, el expediente pasa al Senado, que cambia por completo de rol: deja de ser una c\u00e1mara pol\u00edtica para actuar como jurado.<\/p>\n\n\n\n

Son los senadores quienes resuelven, cap\u00edtulo por cap\u00edtulo, si el acusado es culpable o inocente de los cargos. Esta separaci\u00f3n de funciones \u2014la C\u00e1mara acusa, el Senado juzga\u2014 es el coraz\u00f3n del dise\u00f1o y busca que la decisi\u00f3n final no quede en manos de quienes impulsaron la ofensiva.<\/p>\n\n\n\n

Las consecuencias son severas. Si el Senado declara culpable a la autoridad, esta queda inmediatamente destituida de su cargo e inhabilitada para ejercer cualquier funci\u00f3n p\u00fablica durante cinco a\u00f1os. No se trata de una sanci\u00f3n penal \u2014no implica c\u00e1rcel ni multas, y los mismos hechos pueden ser investigados despu\u00e9s por la justicia ordinaria\u2014, sino de la forma en que el sistema separa a una autoridad del poder cuando estima que incurri\u00f3 en una falta grave.<\/p>\n\n\n\n

“Bajo costo, alta rentabilidad”<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Para los promotores de la reforma, el caso Grau es la radiograf\u00eda exacta del problema que quieren corregir: una acusaci\u00f3n que divide a las propias coaliciones que la levantan, que probablemente no prosperar\u00e1 y que, en el camino, consumi\u00f3 semanas de trabajo legislativo.<\/p>\n\n\n\n

La herramienta, sostienen, dej\u00f3 de ser un recurso excepcional para volverse un instrumento de desgaste pol\u00edtico de bajo costo y alta rentabilidad electoral: basta con reunir las firmas para obligar al acusado a una defensa de semanas e instalar el caso en la agenda, tenga o no fundamento jur\u00eddico. El propio Schalper grafica la magnitud: calcula que en los dos \u00faltimos gobiernos se presentaron cerca de 30 acusaciones contra figuras pol\u00edticas, lo que, a su juicio, equivale a casi 30 meses de tramitaci\u00f3n parlamentaria “perdidos”.<\/p>\n\n\n\n

El balance: mucho volumen, pocos resultados<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Desde el retorno a la democracia se han presentado m\u00e1s de medio centenar de acusaciones constitucionales contra todo tipo de autoridades, pero solo ocho han sido aprobadas por el Senado. La distancia entre lo presentado y lo aprobado es, en s\u00ed misma, la mejor radiograf\u00eda del fen\u00f3meno: la enorme mayor\u00eda de los libelos nunca llega a destituir a nadie, porque se desploma mucho antes de la votaci\u00f3n final.<\/p>\n\n\n\n

Que una acusaci\u00f3n “no prospere” puede significar tres cosas distintas, y conviene precisarlas. La primera es que sea declarada inadmisible: la C\u00e1mara determina que el libelo no re\u00fane las condiciones m\u00ednimas para siquiera ser tramitado y lo rechaza de entrada.<\/p>\n\n\n\n

La segunda, la m\u00e1s habitual, es que se acoja la cuesti\u00f3n previa: aqu\u00ed la acusaci\u00f3n tampoco supera el filtro de la C\u00e1mara, pero el reproche es de fondo formal, pues se concluye que no cumple los requisitos que la Constituci\u00f3n exige y se da por no interpuesta. La tercera, mucho menos frecuente, es que la acusaci\u00f3n s\u00ed avance hasta el Senado y sea all\u00ed donde se rechace: el libelo fue admitido y discutido, pero los senadores, actuando como jurado, no reunieron los votos para condenar y absolvieron al acusado.<\/p>\n\n\n\n

Esa distinci\u00f3n importa porque revela en qu\u00e9 etapa fracasa cada ofensiva. La mayor\u00eda de las acusaciones contra ministros de Estado ni siquiera alcanza el Senado: mueren en la C\u00e1mara por inadmisibilidad o cuesti\u00f3n previa, lo que sugiere que muchos libelos se presentan con fundamentos jur\u00eddicos d\u00e9biles, m\u00e1s como gesto pol\u00edtico que como una acci\u00f3n con expectativas reales de prosperar.<\/p>\n\n\n\n

Otras pocas s\u00ed llegan a la C\u00e1mara Alta y son rechazadas en la votaci\u00f3n de fondo, como ocurri\u00f3 con el ministro del Interior V\u00edctor P\u00e9rez (2020) o con el segundo libelo contra el Presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era por los Pandora Papers (2021), donde la acusaci\u00f3n se discuti\u00f3 a fondo pero no consigui\u00f3 la mayor\u00eda necesaria para destituir.<\/p>\n\n\n\n

Tres ministros en 36 a\u00f1os<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Es contra los ministros de Estado donde la acusaci\u00f3n constitucional revela su escasa efectividad. Desde 1990 se han presentado 25 libelos contra integrantes del gabinete, pero apenas tres terminaron en destituci\u00f3n: Yasna Provoste (Educaci\u00f3n, 2008), Harald Beyer (Educaci\u00f3n, 2013) y Andr\u00e9s Chadwick (Interior, 2019). Una tasa de \u00e9xito cercana al 12%.<\/p>\n\n\n\n

El contexto pol\u00edtico explica por qu\u00e9 esas tres prosperaron y las dem\u00e1s no. Las salidas de Provoste y Beyer se produjeron en pleno auge del conflicto educacional \u2014la revoluci\u00f3n ping\u00fcina de 2006 y las masivas movilizaciones de 2011\u2014, cuando la presi\u00f3n en las calles convirti\u00f3 la cartera de Educaci\u00f3n en una posici\u00f3n insostenible.<\/p>\n\n\n\n

La de Chadwick, en tanto, se aprob\u00f3 en el clima excepcional del estallido social de 2019, por la responsabilidad pol\u00edtica en las violaciones a los derechos humanos: fue la \u00fanica acusaci\u00f3n capaz de reunir el consenso transversal que exige destituir a un ministro del Interior.<\/p>\n\n\n\n

El resto del patr\u00f3n habla por s\u00ed solo. Entre 1990 y 2010 se presentaron apenas seis acusaciones contra ministros; desde 2011 en adelante, diecinueve. El punto de quiebre fue el libelo contra el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, en el primer gobierno de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era.<\/p>\n\n\n\n

No es que los ministros se hayan vuelto m\u00e1s cuestionables: es que la acusaci\u00f3n se volvi\u00f3 pol\u00edticamente rentable. La mayor\u00eda de los intentos recientes \u2014contra Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela R\u00edos, Marco Antonio \u00c1vila o Carolina Toh\u00e1\u2014 ni siquiera super\u00f3 la admisibilidad.<\/p>\n\n\n\n

El flanco que s\u00ed cede: el Poder Judicial<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Donde la acusaci\u00f3n constitucional s\u00ed golpe\u00f3 con fuerza fue en un terreno inesperado. Entre 2024 y 2025, al calor del caso Audios \u2014la trama de tr\u00e1fico de influencias que estall\u00f3 en torno al abogado Luis Hermosilla\u2014, el Senado destituy\u00f3 a cuatro magistrados, un hecho sin precedentes en la historia democr\u00e1tica del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La ofensiva tuvo su rostro m\u00e1s visible en la ministra de la Corte Suprema \u00c1ngela Vivanco, cuya ca\u00edda abri\u00f3 la serie. Le siguieron el tambi\u00e9n supremo Sergio Mu\u00f1oz, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa y, en diciembre de 2025, el ministro Diego Simpertigue, destituido por notable abandono de deberes y bautizado por la prensa como “el cuarto juez en dos a\u00f1os”.<\/p>\n\n\n\n

A diferencia de los libelos contra ministros de Estado \u2014que suelen estrellarse contra los votos del oficialismo de turno\u2014, estas acusaciones se aprobaron con respaldos transversales, y esa amplitud explica su \u00e9xito.<\/p>\n\n\n\n

El contraste resume el dilema que la reforma intenta zanjar: en m\u00e1s de tres d\u00e9cadas, la acusaci\u00f3n constitucional derrib\u00f3 a tres ministros de Estado, pero a cuatro jueces en apenas dos a\u00f1os. La pregunta que recorre el Congreso es si la herramienta sigue sirviendo al control y la responsabilidad pol\u00edtica, o si termin\u00f3 transform\u00e1ndose en munici\u00f3n de la confrontaci\u00f3n permanente.<\/p>\n\n\n\n

aqu\u00ed listado<\/a><\/p>\n\n\n\n

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