{"id":57373,"date":"2025-07-26T22:28:51","date_gmt":"2025-07-27T01:28:51","guid":{"rendered":"https:\/\/temucotelevision.cl\/web\/?p=57373"},"modified":"2025-07-26T22:28:52","modified_gmt":"2025-07-27T01:28:52","slug":"261-organizaciones-socioambientales-rechazan-decision-del-tc-y-acusan-retroceso-en-derechos-ambientales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/temucotelevision.cl\/web\/2025\/07\/26\/261-organizaciones-socioambientales-rechazan-decision-del-tc-y-acusan-retroceso-en-derechos-ambientales\/","title":{"rendered":"261 Organizaciones Socioambientales rechazan decisi\u00f3n del TC y acusan retroceso en Derechos Ambientales"},"content":{"rendered":"
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A trav\u00e9s de una declaraci\u00f3n p\u00fablica, la Asamblea Ecologista de Chile y otras 261 organizaciones socioambientales expresaron su rechazo a la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional (TC) de no acoger a tramitaci\u00f3n el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 42 diputadas y diputados, liderados por Daniel Melo, en contra del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. <\/p>\n\n\n\n

Dicha resoluci\u00f3n fue tomada este martes 22 de julio por los ministros Mar\u00eda P\u00eda Silva Gallinato, Miguel \u00c1ngel Fern\u00e1ndez, Ra\u00fal Mera Mu\u00f1oz, H\u00e9ctor Mery Romero y Marcela Peredo Rojas, con el voto en contra de Daniela Marzi Mu\u00f1oz, Nancy Ya\u00f1ez Fuenzalida, Catalina Lagos Tschorne y Alejandra Precht Rorris.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el documento publicado por la Asamblea Ecologista, \u201cel TC evit\u00f3 pronunciarse sobre el fondo del requerimiento, renunciando a su funci\u00f3n de asegurar la protecci\u00f3n de derechos fundamentales garantizados por la Constituci\u00f3n como el acceso a un medio ambiente libre de contaminaci\u00f3n, el derecho a la salud y el derecho a un debido procedimiento administrativo racional y justo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta decisi\u00f3n representa una grave omisi\u00f3n institucional frente a una norma que debilita profundamente los mecanismos de control de actividades que pueden poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas y de los ecosistemas\u201d, argumentaron.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, precisaron que \u201cEsta decisi\u00f3n deja en indefensi\u00f3n a las comunidades en temas clave como la protecci\u00f3n de su salud y de los lugares donde viven, trabajan y cohabitan, como tambi\u00e9n su calidad de vida\u201d. No solo se afecta a los ecosistemas, sino tambi\u00e9n a las condiciones materiales de existencia de millones de personas, en un pa\u00eds que se jacta de su \u201criqueza natural\u201d, pero que no la protege cuando est\u00e1 en juego el inter\u00e9s empresarial\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Cr\u00edticas a la Ley Marco de Permisos Sectoriales y al Gobierno<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Recordaron que \u201cLa ley en cuesti\u00f3n permite la aprobaci\u00f3n de proyectos mediante \u201csilencios administrativos\u2019, \u201cdeclaraciones juradas\u201d o simples \u2018avisos\u2019, eliminando instancias indispensables de revisi\u00f3n t\u00e9cnica y ambiental\u201d. Esto solo favorece a sectores empresariales, dejando a las comunidades y ecosistemas en una situaci\u00f3n de alta vulnerabilidad y desprotecci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Las organizaciones socioambientales firmantes expresaron que \u201cmediante esta ley se vulneran principios reconocidos en la legislaci\u00f3n y el derecho internacional, como el principio de no regresi\u00f3n, el principio de prevenci\u00f3n, el principio de precauci\u00f3n y la participaci\u00f3n ciudadana\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Y que adem\u00e1s, \u201cse altera el rol de instituciones como la Corporaci\u00f3n Nacional de Desarrollo Ind\u00edgena (CONADI), introduciendo criterios de inversi\u00f3n que contradicen su mandato y afectan directamente los derechos de los pueblos ind\u00edgenas garantizados por tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, tambi\u00e9n criticaron el rol del Gobierno pues \u201cpromovi\u00f3 activamente esta ley junto a sectores empresariales, presionando su aprobaci\u00f3n y contradiciendo su compromiso declarado de ser un “gobierno ecol\u00f3gico”. Con esta acci\u00f3n, no solo se aleja de las promesas hechas a los movimientos socioambientales, sino que contraviene el Acuerdo de Escaz\u00fa firmado por el propio presidente y contribuye a consolidar un modelo que subordina los derechos de las personas y la protecci\u00f3n de la naturaleza a la ganancia y especulaci\u00f3n de los inversionistas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTenemos que seguir haciendo tejido entre las y los que luchan\u201d. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Finalizando la carta, manifestaron que ante la decisi\u00f3n del TC, que para ellos representa un grave precedente de desregulaci\u00f3n ambiental pues traer\u00e1 impactos en las comunidades, ecosistemas y salud de la poblaci\u00f3n, reafirman \u201cla necesidad de seguir articulando luchas y resistencias desde los territorios, no solo respecto de esta ley sino de todos los proyectos de ley que se est\u00e1n viendo en el Congreso y apuntan en la misma direcci\u00f3n de desproteger la naturaleza\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, expresaron que \u201cante el escenario de crisis clim\u00e1tica, ecol\u00f3gica y de contaminaci\u00f3n, es incomprensible la actitud del gobierno y sus autoridades, en donde se act\u00faa haciendo caso omiso de las graves consecuencias a las que se ve expuesta la poblaci\u00f3n\u201d. El pa\u00eds no necesita menos fiscalizaci\u00f3n ni m\u00e1s extractivismo, sino m\u00e1s democracia ambiental, justicia ecol\u00f3gica y resguardo de los derechos humanos, de la naturaleza y los animales\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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