{"id":22473,"date":"2021-06-15T16:26:32","date_gmt":"2021-06-15T19:26:32","guid":{"rendered":"https:\/\/temucotelevision.cl\/web\/?p=22473"},"modified":"2021-06-15T16:26:35","modified_gmt":"2021-06-15T19:26:35","slug":"corte-suprema-confirma-fallo-que-acogio-recurso-de-amparo-de-venezolano-expulsado-del-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/temucotelevision.cl\/web\/2021\/06\/15\/corte-suprema-confirma-fallo-que-acogio-recurso-de-amparo-de-venezolano-expulsado-del-pais\/","title":{"rendered":"Corte Suprema confirma fallo que acogi\u00f3 recurso de amparo de Venezolano expulsado del pa\u00eds"},"content":{"rendered":"
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La Corte Suprema confirm\u00f3 la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco<\/em>, que acogi\u00f3 el recurso de amparo presentado en representaci\u00f3n de ciudadano venezolano, quien fue expulsado del pa\u00eds sin respetar las normas del debido proceso administrativo y que cuenta, adem\u00e1s, con familia en Chile.<\/p>\n\n\n\n

En fallo un\u00e1nime (causa rol 36.996-2021), la Segunda Sala del m\u00e1ximo tribunal \u2013integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda y la abogada (i) Leonor Etcheberry\u2013 estableci\u00f3 el actuar arbitrario e ilegal<\/u><\/strong> de la Intendencia Regional de La Araucan\u00eda<\/em><\/strong>, al decretar la salida del territorio nacional del amparado, tras desistirse de la acci\u00f3n penal por su supuesto ingreso irregular al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

\u201cQue as\u00ed, entonces, la decisi\u00f3n de expulsar a un ciudadano extranjero, en cuanto implica la dictaci\u00f3n de un acto administrativo terminal, debe necesariamente ser antecedida de un contencioso administrativo que se subordine a los principios contemplados en el art\u00edculo 4 la Ley N\u00b0 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, entre ellos, los de escrituraci\u00f3n, transparencia, contradictoriedad e imparcialidad, adem\u00e1s de cumplir con las exigencias de fundamentaci\u00f3n \u2013tanto de hecho como de derecho\u2013 que le impone el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 11 del citado cuerpo normativo, en cuanto pudiere afectar los derechos de los particulares\u201d, itera el fallo.<\/p>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n agrega: \u201cQue, reiterando la necesidad de que una resoluci\u00f3n de expulsi\u00f3n satisfaga estos criterios, esta Corte ha sostenido, en casos an\u00e1logos: \u2018Que en ese orden de ideas, en el presente caso la decisi\u00f3n ministerial revisada, sin perjuicio de lo expuesto en el motivo 3\u00b0) ut supra, no satisface tampoco las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentaci\u00f3n propias de una decisi\u00f3n no arbitraria, al desatender completamente las circunstancias personales y familiares del amparado\u2019 (SCS Rol N\u00b0 6649-2013, de 9 de septiembre de 2013 y Rol N\u00b0 30176-2020, de 18 de marzo de 2020). En el mismo sentido este Tribunal ha argumentado \u2018Que, en consecuencia, los fundamentos entregados por la autoridad carecen de razonabilidad, y considerando la afectaci\u00f3n que ello genera en el derecho a la libertad personal del amparado, garantizado por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica, es motivo suficiente para revocar el fallo apelado\u2019 (SCS Rol N\u00b0 1539-2015, de 05 de octubre de 2015)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para la Corte Suprema: \u201c(\u2026) en el caso de marras, aparece de manifiesto que la decisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n se adopt\u00f3 luego de un procedimiento contencioso administrativo insuficiente, por cuanto la parte recurrente no fue o\u00edda ni pudo presentar las pruebas que estimare del caso, lo que torna en ilegal tal pronunciamiento en cuanto carece de la debida fundamentaci\u00f3n, no pudiendo desprenderse de ella criterio alguno de proporcionalidad y razonabilidad, motivo por el cual la presente acci\u00f3n constitucional deber\u00e1 ser acogida, al afectar la libertad ambulatoria de la persona en cuyo favor se acciona, sujeta a la medida de expulsi\u00f3n del territorio nacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cQue debe tenerse adem\u00e1s en consideraci\u00f3n que la epidemia generada por el virus Covid-19, enfermedad que amenaza la vida y salud individual de la totalidad de la poblaci\u00f3n mundial, misma que no ha sido controlada, adem\u00e1s, las persecuciones pol\u00edticas y dificultades econ\u00f3micas m\u00e1s las carencias sanitarias que padecen en sus pa\u00edses de origen quienes ingresan irregularmente a Chile, las que son de p\u00fablico conocimiento y que incluso, como es sabido, han llevado a naciones, a autorizar, recientemente, visas temporarias a cientos de ciudadanos extranjeros que han acudido hasta sus respectivas fronteras, de modo tal que de mantenerse el decreto de expulsi\u00f3n del territorio nacional de un ciudadano extranjero bajo tales circunstancias, implicar\u00eda necesariamente una afectaci\u00f3n de la integridad f\u00edsica, ps\u00edquica y seguridad personal de los mismos\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn este sentido \u2013ahonda\u2013, la Declaraci\u00f3n de Cartagena de 1984, recoge las Recomendaciones de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, precisando un concepto de refugiado al incluir en \u00e9l a las personas que han huido de sus pa\u00edses porque, su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresi\u00f3n extranjera, los conflictos internos, la violaci\u00f3n masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden p\u00fablico; lo que es recogido posteriormente en la Declaraci\u00f3n de San Jos\u00e9 de 1994. Por consiguiente, resultan aplicables en la especie, esta vez como principios propios del Derecho Humanitario Internacional, el de Defensa, Revisi\u00f3n de la Medida y Decisi\u00f3n Judicial Previa, de la No Devoluci\u00f3n y No Rechazo en Frontera, haya sido o no reconocida la condici\u00f3n de refugiados, hayan ingresado o no regularmente al territorio nacional, normas del Derecho Internacional reconocidas a partir de la Convenci\u00f3n de 1951, y art\u00edculo VII del Protocolo de 1967 y que proviene de la condici\u00f3n de aquellos. Esto ha sido reconocido, asimismo, de acuerdo al ius cogens en forma expresa en la Declaraci\u00f3n y Plan de acci\u00f3n de M\u00e9xico, para fortalecer la protecci\u00f3n internacional en favor de las personas en Am\u00e9rica Latina\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el fallo consigna que: \u201cTal \u00e1mbito del Derecho Internacional ha sido recogido por la Ley 20.430, sobre Protecci\u00f3n de Refugiados, y su Reglamento 837, art\u00edculos 1, 6, y 26, y, 1, 32, y 35, respectivamente. Por ello, carece de importancia de hecho y jur\u00eddica si el ingreso al territorio nacional se ha efectuado por las personas amparadas de forma regular o irregular, razonando y teniendo en cuenta que la salida del pa\u00eds de origen o del lugar en que ten\u00edan residencia ha sido urgente y precaria y a veces el extranjero debi\u00f3 ingresar al pa\u00eds necesariamente en forma irregular\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cFinalmente, debe tenerse presente que de los antecedentes del recurso se desprende que el amparado cuenta con familia en el territorio nacional, por lo que de mantenerse la decisi\u00f3n de la autoridad administrativa se ocasionar\u00e1 la separaci\u00f3n de ella. El acto administrativo impugnado vulnera de esta forma el principio de reunificaci\u00f3n familiar, consagrado en el art\u00edculo 1\u00b0 inciso primero y final de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica, en cuanto establecen que la familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protecci\u00f3n, por lo que el tribunal debe adoptar las medidas para reparar la afectaci\u00f3n de los derechos vulnerados\u201d, concluye.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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