{"id":13615,"date":"2020-08-21T14:09:26","date_gmt":"2020-08-21T17:09:26","guid":{"rendered":"https:\/\/temucotelevision.cl\/web\/?p=13615"},"modified":"2020-08-21T14:09:33","modified_gmt":"2020-08-21T17:09:33","slug":"corte-suprema-emite-informe-sobre-proyecto-de-ley-que-prohibe-la-prision-preventiva-durante-crisis-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/temucotelevision.cl\/web\/2020\/08\/21\/corte-suprema-emite-informe-sobre-proyecto-de-ley-que-prohibe-la-prision-preventiva-durante-crisis-sanitaria\/","title":{"rendered":"Corte Suprema emite informe sobre proyecto de ley que prohibe la prisi\u00f3n preventiva durante crisis sanitaria"},"content":{"rendered":"
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Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema analiz\u00f3 el contenido de la iniciativa legal que proh\u00edbe la prisi\u00f3n preventiva de imputados durante el periodo de crisis sanitaria. Informe que fue enviado a la presidencia del Senado, el 17 de agosto pasado.<\/p>\n\n\n\n

“En relaci\u00f3n al m\u00e9rito general del proyecto, cabe tener en cuenta que, tal como indica el texto que acompa\u00f1a a la moci\u00f3n, el legislador se encuentra habilitado para cambiar los est\u00e1ndares normativos y epist\u00e9micos -las reglas acerca de la procedencia y que gu\u00edan la evaluaci\u00f3n de los antecedentes f\u00e1cticos respectivos y la producci\u00f3n de la decisi\u00f3n del juez- que rigen la concesi\u00f3n de una u otra medida cautelar, sin que eso signifique necesariamente una invasi\u00f3n a la esfera de atribuciones de los tribunales encargados de aplicar el derecho. En este sentido, el hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situaci\u00f3n excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud p\u00fablica, hace posible se\u00f1alar que la idea legislativa parece lo suficientemente espec\u00edfica y proporcionada como para considerarse razonable”, sostiene el informe.<\/p>\n\n\n\n

El oficio agrega que: “Adicionalmente, cabe tener en cuenta que la propuesta no busca modificar los criterios que rigen la concesi\u00f3n de medidas cautelares en nuestro sistema. Sigue siendo la integridad de la investigaci\u00f3n y el peligro de fuga del imputado las \u00fanicas razones que pueden justificar -en sentido positivo- la imposici\u00f3n de la medida de prisi\u00f3n preventiva. La normativa propuesta no puede entenderse como una reformulaci\u00f3n de los requisitos que establece el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo Procesal Penal o como una restructuraci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva. Por el contrario, el sentido de la disposici\u00f3n, independiente de las ambig\u00fcedades que posee, es restringir temporalmente y desde una perspectiva externa, la aplicabilidad de la prisi\u00f3n preventiva. Por lo mismo, la restricci\u00f3n que impone el legislador, debe leerse m\u00e1s bien como una ampliaci\u00f3n temporal de la lista que enumera el art\u00edculo 141 del C\u00f3digo Procesal Penal (con o sin espacios de discrecionalidad, como veremos m\u00e1s adelante), y nunca como una modificaci\u00f3n de los requisitos del art\u00edculo 140 del mismo cuerpo legal”.<\/p>\n\n\n\n

“No obstante su general plausibilidad y legitimidad, la concreta regulaci\u00f3n espec\u00edfica de la propuesta presenta algunos espacios de ambig\u00fcedad que valdr\u00eda la pena aclarar en esta sede”, advierte el pleno de ministros.<\/p>\n\n\n\n

“En primer lugar, el art\u00edculo \u00fanico de la propuesta no deja suficientemente claro si aquello que pretende es: (a) proscribir completamente la aplicaci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva para aquellos casos que cumplan con los requisitos que enumera, o si (b) ella solamente expresa una orientaci\u00f3n para los adjudicadores, para instarlos a preferir las medidas del art\u00edculo 155 del C\u00f3digo Procesal Penal dentro de los m\u00e1rgenes de sus potestades generales.<\/p>\n\n\n\n

En el primer caso (a), el art\u00edculo establecer\u00eda una obligaci\u00f3n legal para los adjudicadores que no podr\u00edan incumplir en ning\u00fan caso (de modo similar a lo previsto en el art. 141 del C\u00f3digo Procesal Penal), mientras que en el segundo (b), la norma establecer\u00eda \u00fanicamente una orientaci\u00f3n -una raz\u00f3n calificada o intensificada de mayor peso espec\u00edfico- que si bien deber\u00eda ser considerada prioritariamente por el adjudicador en el juego de sus facultades discrecionales, no determinar\u00eda ning\u00fan curso jur\u00eddico conclusivo.<\/p>\n\n\n\n

Esta ambig\u00fcedad si bien parece resolverse en los t\u00e9rminos de la primera interpretaci\u00f3n anotada, seg\u00fan el sentido que parece tener la propuesta, oscurece la interpretaci\u00f3n de la propuesta y, por lo mismo, har\u00eda bien en aclararse”, detalla.<\/p>\n\n\n\n

“En segundo lugar \u2013prosigue\u2013, tambi\u00e9n es recomendable aclarar el sentido del literal a) del art\u00edculo \u00fanico de la propuesta, que se\u00f1ala que deber\u00e1n aplicarse las medidas del art\u00edculo 155 del C\u00f3digo Procesal Penal a aquellos casos en que, cumpli\u00e9ndose los dem\u00e1s requisitos que establecen los restantes literales b) y c), \u2018el delito imputado tenga asignada una pena de simple delito en la ley que los consagra’. Ello, porque el referido modo de expresi\u00f3n, si bien parece dar a entender que la consideraci\u00f3n de la pena a efectos de la aplicaci\u00f3n de esta disposici\u00f3n debe hacerse en abstracto -esto es, seg\u00fan la descripci\u00f3n contenida en el tipo que se presuma aplicable y, por lo mismo, sin considerar las especiales circunstancias del caso- diversas razones sistem\u00e1ticas e hist\u00f3ricas podr\u00edan dar lugar a una interpretaci\u00f3n diversa, igualmente plausible de la disposici\u00f3n, seg\u00fan la cual el adjudicador, para identificar el \u00e1mbito de la restricci\u00f3n, debiera considerar la prognosis concreta de la pena al imputado espec\u00edfico, seg\u00fan la teor\u00eda del caso considerada m\u00e1s plausible”.<\/p>\n\n\n\n

Para la Corte Suprema: “La diferencia entre estos dos modos de entender el requisito no es balad\u00ed. En el primer caso, la aplicabilidad de esta norma no considerar\u00eda las circunstancias concretas del caso, tales como la existencia de reiteraci\u00f3n de delitos, agravantes o situaciones concursales. En el segundo, \u00e9stas ser\u00edan el aspecto crucial del debate para determinar el cumplimiento del mismo. De cualquier modo, para evitar la disparidad en las decisiones de los tribunales, valdr\u00eda la pena corregir la redacci\u00f3n del art\u00edculo, para especificar la operatividad de este requisito en uno u otro sentido”.<\/p>\n\n\n\n

“En tercer lugar, el inciso final del art\u00edculo \u00fanico que establece el proyecto y que se\u00f1ala que \u2018[particularmente, en el caso de los imputados mayores de 60 a\u00f1os, mujeres embarazadas y con hijos o hijas menores de dos a\u00f1os, ser\u00e1 improcedente la prisi\u00f3n preventiva cuando el delito imputado tenga una pena asignada de simple delito en la ley que los consagra<\/em>‘, parece excesivamente ambiguo y podr\u00eda dar lugar a variadas interpretaciones. En efecto, surge la duda si acaso se refiere este art\u00edculo a que no podr\u00e1 decretarse la medida de prisi\u00f3n preventiva en aquellos casos en que los imputados sean personas mayores de 60 a\u00f1os o mujeres embarazadas y con hijos o hijas menores de dos a\u00f1os, independientemente de si cumplen con los requisitos establecidos en los tres literales, o si, por el contrario, esta disposici\u00f3n pretende \u00fanicamente asentar una gu\u00eda prudencial, para que los tribunales en estos casos, y siempre dentro del \u00e1mbito de su discrecionalidad, consideren la edad de las personas o el hecho de ser mujeres embarazadas o con hijos menores, como antecedentes calificados para tomar esta decisi\u00f3n. La redacci\u00f3n de la norma no aclara el asunto, por lo que ser\u00eda razonable una rectificaci\u00f3n aclaratoria”, sugiere el m\u00e1ximo tribunal.<\/p>\n\n\n\n

En cuarto lugar, para el pleno de ministros: “resulta necesario hacer otra observaci\u00f3n respecto a la misma regla -prohibici\u00f3n del uso de la prisi\u00f3n preventiva sobre imputados mayores de 60 a\u00f1os, mujeres embarazadas y con hijos o hijas menores de dos a\u00f1os, cuando el delito imputado tenga una pena asignada de simple delito en la ley que los consagra-. Si bien la promoci\u00f3n del no uso de la medida de prisi\u00f3n preventiva en casos en que la pena asignada al delito de que se trate no sea representativa de aquellas de mayor entidad en el ordenamiento jur\u00eddico positivo -simple delito-, podr\u00eda ser pertinente tener en consideraci\u00f3n algunas precauciones a fin de evitar consecuencias indeseadas”.<\/p>\n\n\n\n

“En efecto, un simple delito asociado a una pena de baja entidad, sea que se trate de su dimensi\u00f3n abstracta o de su prognosis concreta, podr\u00eda referirse a un caso que pone en serio riesgo, en la situaci\u00f3n concreta, a la seguridad de v\u00edctimas pertenecientes a grupos de especial vulnerabilidad, como en el caso de delitos de amenazas, algunos il\u00edcitos en el contexto de violencia intrafamiliar y otros delitos cuando se encuentran con menor grado de desarrollo (en el caso de interpretarse que tiene aplicaci\u00f3n seg\u00fan posible pena concreta)”, releva el informe.<\/p>\n\n\n\n

“A diferencia \u2013ahonda\u2013 de esta norma contenida en el inciso segundo del art\u00edculo transitorio sugerido por el proyecto, la prevista en el inciso primero -que podr\u00edamos catalogar de \u2018general’- contempla entre sus requisitos de aplicaci\u00f3n \u2018Que el imputado no signifique un peligro para la seguridad de la v\u00edctima’ (letra c del inciso primero). Por tanto, podr\u00eda pensarse en incorporar en la disposici\u00f3n observada alg\u00fan elemento que salve la consideraci\u00f3n de la seguridad de la v\u00edctima o una referencia a la inaplicaci\u00f3n de la regla en delitos contra las personas, que permita al juez ponderar ese elemento a la hora de descartar la medida cautelar m\u00e1s gravosa establecida por el C\u00f3digo Procesal Penal, en raz\u00f3n de la protecci\u00f3n de las personas pertenecientes a grupos de especial vulnerabilidad involucradas en el caso particular”.<\/p>\n\n\n\n

Internaci\u00f3n provisoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

“En quinto lugar, se observa como equ\u00edvoco en la redacci\u00f3n propuesta, que uno de sus presupuestos est\u00e9 formulado en relaci\u00f3n a delitos con v\u00edctima conocida, identificable, en circunstancias que el ordenamiento penal sustantivo contempla m\u00faltiples figuras que carecen de tal elemento, o en las que el sujeto de protecci\u00f3n es colectivo y, consecuencialmente, indeterminado.<\/p>\n\n\n\n

En sexto t\u00e9rmino, la propuesta parece haber incurrido en una omisi\u00f3n, al ser aplicable tan solo a la medida cautelar privativa de libertad de prisi\u00f3n preventiva, y no a la medida de internaci\u00f3n provisoria. Esta decisi\u00f3n legislativa podr\u00eda criticarse ya que, sin mediar alguna raz\u00f3n expl\u00edcita, excluye a una de las posibles poblaciones de riesgo: los adolescentes y, especialmente, las adolescentes embarazas o con hijos o hijas menores de dos a\u00f1os”, a\u00f1ade.<\/p>\n\n\n\n

“Por \u00faltimo, resulta observable la falta de reglas que establezcan en forma expresa el alcance con que operar\u00e1 el nuevo art\u00edculo transitorio del C\u00f3digo Procesal Penal que el proyecto aconseja, en el sentido de si la disposici\u00f3n se aplicar\u00e1 s\u00f3lo sobre las medidas cautelares que se decreten con posterioridad a su entrada en vigencia o, si acaso, podr\u00e1n y deber\u00e1n ser tambi\u00e9n aplicadas sobre todas las medidas cautelares vigentes al momento de su publicaci\u00f3n en que concurran las hip\u00f3tesis que en ella se regulan. Conforme a los principios generales, ante el silencio de la ley, la segunda interpretaci\u00f3n aparece como la m\u00e1s plausible, caso en el cual se debieran gatillar los dispositivos procesales a instancia de los defensores para promover la revisi\u00f3n de las medidas cautelares vigentes seg\u00fan el caso, e incluso la oficialidad con que podr\u00edan \u2013y deber\u00edan- actuar los propios jueces de garant\u00eda para proceder a dicha revisi\u00f3n (\u2026). Solucionadas todas estas ambig\u00fcedades, y salvados estos vac\u00edos, la propuesta podr\u00eda resultar adecuada para los objetivos que ella misma se plantea”, concluye.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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